En el marco del encuentro organizado en conjunto por ambas instituciones, los alcaldes
entregaron un diagnóstico estratégico al gobierno para exigir mayor presencia estatal
ante el desplazamiento de bandas criminales, oficializando además una alianza público-
privada que dotará de cámaras con lectores de patentes a la Región Metropolitana.
Santiago, 25 de mayo de 2026. – Con el objetivo de articular una respuesta de Estado
frente al desplazamiento de la criminalidad hacia zonas rurales, la Subsecretaría de
Prevención del Delito y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) realizaron de forma
conjunta el seminario «Seguridad Rural en Chile: desafíos, aprendizajes y propuestas para
la acción». La jornada reunió a autoridades de gobierno, representantes de Carabineros, el
Ministerio Público, el Ministerio de Agricultura y líderes gremiales de CORMA, SNA e
IDICAM, para trazar una hoja de ruta frente a este complejo escenario delictual.
Durante el encuentro, el presidente de AMUR y alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, hizo
entrega oficial del «Segundo informe de seguridad en los territorios rurales». Además,
profundizó en el impacto que esta crisis tiene en las comunidades y anunció la donación
de 36 cámaras de televigilancia gestionadas con el sector privado, cuyo primer piloto se
inaugurará en Peñaflor. «Vemos también cómo la falta de institucionalidad es el lugar
perfecto para que el crimen organizado también encuentre una posibilidad de poder
ampliar sus tentáculos y sus redes. Afecta a nuestra identidad rural, afecta lo que nos hace
tan propios (…) se ve corrompida finalmente por esta delincuencia que busca y que
encuentra en la ruralidad el lugar perfecto también para poder cobijarse y seguir
creciendo», señaló el alcalde.
La Subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, recibió el documento y
reconoció la urgencia de adaptar las herramientas del Estado a la dispersión geográfica de
estas comunas. «Hablar de seguridad hoy en Chile exige mirar las distintas comunas con
mucha honestidad, no existe solo una realidad delictual, tampoco existe solo una forma
de prevención ni una sola respuesta institucional que sirva por igual para todo el país (…)
La seguridad en la ruralidad no puede seguir siendo un tema periférico, tiene que ser una
prioridad del Estado», indicó la autoridad.
El diagnóstico general de los distintos paneles apuntó a la necesidad de dotar de mayores
capacidades operativas a estas zonas. En esa línea, el Gobernador de Santiago, Claudio
Orrego, relevó los recursos que se están inyectando a nivel regional para hacer frente a
esta contingencia. «Actualmente, dentro de las tres primeras prioridades de las comunas
rurales, está la seguridad, y nosotros hemos reaccionado en consecuencia. Estamos
invirtiendo cerca de $32 mil millones en proyectos de televigilancia, vehículos de
seguridad, drones e iluminación pública. Hoy vemos expresiones de crimen organizado en
el mundo rural, por lo que se requieren más recursos y también más gestión. Por eso es
tan importante avanzar con proyectos como las 36 radio patrullas para comunas rurales,
donde los vehículos son más necesarios que nunca», enfatizó.
Finalmente, el combate a la estructura económica de las agrupaciones delictuales fue otro
de los ejes del encuentro. Desde el Ministerio Público, la subdirectora de la Unidad de
Crimen Organizado, Tania Gajardo, destacó los avances en la recuperación de espacios
tomados por la delincuencia gracias a la coordinación con los municipios. «La
municipalidad tiene la información de los inmuebles donde, por ejemplo, se trafica droga.
Una vez que las personas son detenidas, el inmueble se transfiere a la municipalidad (…)
un activo que ingresa y que, hasta la fecha, las municipalidades que han recibido
inmuebles los han ocupado para juntas de vecinos o tienen proyectos para hacer algún
CESFAM u otro servicio para la comunidad», detalló la persecutora.
- martes 26 mayo, 2026
